La descentralización sanitaria y la capacidad normativa de las distintas CCAA han impulsado diferencias territoriales en temas como derechos de los ciudadanos, prestaciones sanitarias, garantías de acceso, y uso de recursos y procedimientos. Los sistemas de información también se han dispersado y no permiten comparar fácilmente las realidades de los distintos territorios. Es imprescindible conciliar la capacidad de los territorios descentralizados para priorizar sus intervenciones con la solidaridad, la cohesión y la equidad necesarias en un sistema público de salud como el nuestro.

 La Constitución Española define un nuevo modelo de estructura institucional al crear un nivel administrativo regional llamado “comunidad autónoma”, sobre cuyos gobiernos recaerá el peso principal de la gestión y la administración de los servicios e intereses públicos. En el campo estrictamente sanitario se produce un lento “goteo” de transferencias a las Comunidades Autónomas que se inicia en el año 1979 con la transferencia de la salud pública a Cataluña y que concluye a principios de 2002 con las transferencias de los servicios sanitarios a las diez CCAA que todavía no los tenían.

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