Últimamente estamos asistiendo a una gran cantidad de reflexiones, opiniones, y propuestas sobre la “desintegración” de nuestro sistema sanitario, sobre su sustitución” por 17 sistemas sanitarios prácticamente independientes, sobre el incremento de las desigualdades entre las distintas Comunidades Autónomas (CCAA), en definitiva sobre la falta de cohesión y de coordinación en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Puede parecer paradójico que uno de los principales retos de los servicios de salud autonómicos sea mantener la cohesión del propio SNS. En realidad, ésta cohesión es una aspiración y un problema antiguo, como reconocía ya la Ley General de Sanidad (LGS) en su preámbulo.
El propio tránsito histórico de un sistema de seguridad social a un sistema nacional de salud incompleto, puede explicar que aquellos viejos problemas de coordinación no hayan sido completamente resueltos y que se hayan añadido amenazas territoriales a su cohesión con el nacimiento de un modelo descentralizado y transferido. Pero, también ha influido la baja prioridad que en la agenda política han tenido los problemas de la sanidad.
Prioridad que no se corresponde con la importancia que la ciudadanía concede a los problemas sanitarios y al propio SNS como elemento clave de nuestro estado de bienestar, como lo confirman los datos del barómetro sanitario 2008.
Tras la intensa descentralización de la organización y gestión sanitaria, al Ministerio de Sanidad (MS) se le reservan uy pocas competencias. La imprescindible coordinación del sistema de salud se realiza de forma “voluntarista”, por consenso, en el Consejo Interterritorial (CI). Esta forma de operar lo hace vulnerable a las vicisitudes de los enfrentamientos políticos y le resta operatividad y capacidad de ejecución.
El Ejecutivo es en éste caso poco “ejecutivo”, ya que define normativamente los límites de lo “tolerable” en cuanto a desigualdades territoriales pero no tiene capacidad para tomar medidas contra aquellas CCAA que no cumplan esos mínimos. Por otro lado los límites “tolerables” de la desigualdad en España no están definidos de forma precisa, y aunque lo estuvieran, no hay mecanismos financieros que redistribuyan recursos entre territorios para reducir las supuestas desigualdades intolerables que se podrían producir.
