En la actual crisis se vienen oyendo con reiteración voces que proclaman la necesidad de una reforma laboral, si bien no todas coinciden en las soluciones propuestas. Existen así voces que reclaman una reforma del sistema de negociación colectiva que abra más posibilidades a la negociación en la empresa, otras que preconizan la necesidad de reformar la contratación laboral, especialmente por dos razones, abaratar el despido y reducir la dualización entre trabajadores temporales y fijos, aunque en algunos casos se hace más incidencia en una de ellas; también se defiende la necesidad de reformas en la protección social y, en otras opiniones, se ataca directamente el sistema de protección frente al despido.

En general se sostiene la necesidad de esta reforma ante la pérdida de competitividad de nuestra economía y los elementos de lo que se denominan “rigideces” en nuestra legislación laboral, que en algunos casos se hacen derivar del sistema preconstitucional, defendiéndose abiertamente la profunda transformación, cuando no directamente la derogación, del Estatuto de los Trabajadores.

En muchos casos estos debates enlazan con otros que han sido tradicionales en nuestra doctrina laboralista que sistemáticamente ha defendido la necesidad de potenciar la flexibilidad interna en la empresa, frente a las alternativas de flexibilización de la entrada y salida de la empresa.

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Bien, todas estas posiciones lógicamente se han producido como una respuesta a la crisis que venimos padeciendo.

La realidad es que una reforma laboral, especialmente en las direcciones propuestas, lleva a reflexionar un poco más detenidamente y esa reflexión pasa en primer lugar por cuestionarse si esta crisis puede solucionarse con medidas laborales.

Para responder a esa pregunta habría que determinar en primer lugar si estamos ante una crisis producida por la regulación laboral. Mi respuesta es evidente, no, no estamos ante una crisis producida por la regulación laboral.