La actual crisis económica, que no es achacable a la regulación de las condiciones de trabajo (y en eso coinciden analistas de todo signo), está causando una elevada destrucción del tejido productivo y del empleo.

Pese a que se alega que los costes del despido en España son elevados, ello no ha impedido una rápida y drástica destrucción de puestos de trabajo. Se argumenta por algunos sectores que el modelo laboral español requiere, aún en épocas de crecimiento económico de tasas de crecimiento del PIB por encima de la media europea para crear empleo, en tanto en épocas de recesión se destruye empleo en doble cantidad y más rápidamente que en otros países europeos. 

En un principio, desde distintos ámbitos económicos y empresariales, no se logró evitar la imputación de las causas de la crisis a los problemas del sector financiero, a la restricción del crédito y al endeudamiento excesivo de las familias a causa del crédito barato y de la especulación en el sector inmobiliario (“burbuja inmobiliaria”). Y, en el caso concreto español, a las características de nuestro sistema productivo, basado en la explotación intensiva de la mano de obra, con baja productividad y dependiente de sectores con poco valor añadido y que generan un mercado de trabajo precario.

La crisis de estos sectores, fundamentalmente construcción y servicios vinculados al consumo, explican la rápida destrucción de empleo, al utilizar de manera abundante mano de obra precaria y temporal, lo que acaba arrastrando a los sectores industriales muy dependientes de la demanda de la construcción (madera, cerámica, metal, etc.) y todos ellos acaban contagiando al resto de los sectores al aumentar el paro y disminuir el consumo.  Ello afecta tanto al empleo por cuenta ajena como a los autónomos.

En una escenario de economía globalizada la caída de la demanda interna no se ve compensada suficientemente por la exportación, por lo que resultan necesarias políticas de gasto público y de protección por desempleo, como forma de sostener la demanda; Un gasto que, por otro lado, incluso en épocas de bonanza económica, siempre ha estado muy por debajo de la media europea.

De otra parte, los aumentos de productividad han venido produciendo en nuestro país con un criterio cortoplacista, por la vía de los ajustes de plantillas, es decir, por la disminución del empleo1, cuando el incremento de la productividad debería plantearse a largo plazo, incorporando otros métodos de trabajo en una multiplicidad de sectores de la economía, que permitirían producir más con el mismo esfuerzo.

Sin embargo, a año y medio del comienzo de la crisis, se olvidan  sus causas para (borrón y cuenta nueva) pasar a hablar de cómo salir de ella y conseguir que la recuperación sea sólida. Se olvida lo que la ha desencadenado, y el punto de mira se dirige entonces a la reforma laboral, como condición necesaria para la recuperación económica y para  la creación de empleo, tal como ocurrió en las crisis anteriores (1980-1984, 1992-1995).

Centrar de manera prioritaria los cambios en los aspectos laborales y no en el modelo productivo supone el riesgo de pretender recuperar la inversión, la creación de empleo y los beneficios empresariales, no sobre una mejora de la competitividad, sino sobre la base de la flexiguridad, esto es, del empeoramiento de condiciones de trabajo como condición sine qua non para la creación de empleo, como se está ya produciendo en la crisis, y sobre un abaratamiento de costes, tanto laborales como de Seguridad Social, y de ahí la permanente reivindicación patronal de rebaja de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social.

Es el mismo discurso ya oído en las crisis anteriores, cuando no se hablaba de “flexiguridad”, sino simplemente de flexibilidad. Pero en las crisis anteriores el sistema español tenía márgenes de maniobra internos desde la política económica  (devaluaciones, etc.) para recuperar la competitividad y aumentar las exportaciones, medidas que fueron -más que las reformas laborales- las que sacaron al país de la situación y de las que ahora la política económica no dispone.
Además en esta crisis la credibilidad de los sectores económicos está en entredicho, y con ella la visión ultraliberal del mercado, que ha conducido a una recesión sin precedentes, causada por los fallos del propio mercado, la desregulación, la  precariedad en el empleo y los bajos salarios.

De ahí que, en un contexto igualmente crítico desde el punto de vista económico, los países que han intervenido antes y más rápidamente y que cuentan con una economía más competitiva y con más cohesión social cuenten con mejores bazas para la recuperación.

No es nuestro caso. Para salir de esta crisis no valen las recetas de siempre, ni las fórmulas simplistas, que ignoran la complejidad y el entrelazamiento de todos los factores que intervienen en la producción, y que consideran que el trabajo es un mero coste, un mero “factor  económico” sobre el que hacen recaer siempre las consecuencias de las mismas.

Más que una reforma laboral hace falta una reforma empresarial. 

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